Javier Huaraya y Roberth Orihuela
El 20 de diciembre del año pasado el gobernador Rohel Sánchez, junto al gerente regional de Energía y Minas, Ivan Prado Barreto, anunciaban la entrega de 140 resoluciones de formalización minera. Todos socios de la Empresa Minera Grupo Grande SA. En ese momento, el hecho se presentó como un gran logro. Pero rápidamente se desbarató la mentira, porque en verdad solo fue una única resolución que involucraba a la Empresa Minera Grupo Grande SA, conformada sí por 140 socios. Pero en fin, solo una formalización; no solo 140 como se anunció con bombos y platillos.
Lo que no se dijo en ese momento es el proceso que se siguió para la formalización de Grupo Grande SA; y la sospechosa celeridad con la que la gestión de Sánchez y Prado actuaron para finalmente entregarles la resolución. El tema, incluso implica un supuesto pago de S/ 80 mil en favor de Prado Barreto por parte de los mineros. Un tema que, desde este medio, consideramos que debe ser investigado por las autoridades de justicia para dilucidar si mediaron o no actos de corrupción.
Célere formalización
La historia de la formalización de la Empresa Minera Grupo Grande SA empieza en octubre del año pasado. El 9 de octubre el gerente de la empresa, Jonathan Israel López Orbegoso presentó ante la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) el expediente técnico para la autorización de inicio/reinicio de actividades mineras de explotación en el derecho minero RAMPA 2019, ubicado en el distrito de Huanuhuanu, en la provincia de Caravelí.
Lo que para muchos mineros informales es un cuento interminable, para la empresa Grupo Grande fue solo un viaje corto de dos meses. Y es que la resolución de su formalización y permiso de explotación fue expedida el 13 de diciembre de 2024. Sin mayores observaciones ni contratiempos para los mineros.
De acuerdo con la resolución, el 3 de diciembre del 2024 se realizó la inspección en la mina. Allí, fuera de lo que se podría imaginar, los inspectores no realizaron ninguna observación, sino solo recomendaron la continuidad del procedimiento. El 10 de diciembre de elaboró el informe técnico final y el 12 de diciembre la asesora legal dio el visto bueno para la emisión de la resolución por parte del gerente Prado Barreto. Y este al día siguiente el documento de formalización se emitió.
Recibo de interés
¿Porqué tanta celeridad y expedición por parte de los funcionarios? Cualquier minero artesanal o pequeño minero se haría esta pregunta. Este medio y este periodista también se hacen la misma pregunta. Esto porque históricamente, cualquier trámite de formalización toma varios meses e incluso años. Nunca se había visto algo parecido a lo ocurrido con minera Grupo Grande SA.
Incluso el consejero César Huamantuma cuestionó en un programa radial esta celeridad en el trámite de la resolución de permiso de explotación por parte de la GREM. Más aún cuando se conocen los antecedentes de otros casos de mineros informales que siguen buscando la formalización.
¿Porqué? Quizás un documento que llegó a esta redacción pueda resolver esa duda. Se trata de un recibo notariado en el cual aparece el nombre de Ivan Prado Barreto y en el que supuestamente este acepta haber recibido S/ 80 mil por parte de la Empresa Minera Grupo Grande SA. El documento data del 10 de setiembre del 2024 y señala que el funcionario habría brindado servicios «por concepto de Asesoría y Consultoría Técnica, Elaboración de Expediente Técnico para la obtención de Autorización de Inicio de Actividades Mineras, así como la presentación y el seguimiento del trámite respectivo». Lleva la firma de Prado Barreto y está notariado por Ruben Bolivar Callata el 16 de setiembre.
Al respecto, vale señalar que la verificación de este documento en la Notaría no es posible por una persona externa. Sin embargo, consideramos que las autoridades de justicia deben investigar. Puesto que podría implicar un delito de corrupción de funcionarios. En este caso el de Cohecho. Es decir, se trata de un tema de interés público.
Niegan pago
Al respecto, este medio consultó primero con Jonathan López, el gerente de minera Grupo Grande SA. Este descartó de plano que hayan realizado cualquier pago a Ivan Prado Barreto. Es más aseguró que no lo conoce y que nunca cruzaron comunicación con el funcionario.
Señaló que para su trámite contrataron u abogado y a ingenieros, que fueron quienes elaboraron su expediente para ser presentado. «No conozco a nadie (de la GREM). Desconozco a todos. Rotundamente descartamos. No he tenido contacto con ellos. Yo pagar por algo es no tener capacidad ni administrativa ni documentaria. Nosotros tenemos los ingenieros. El gerente es solo el jefe y solo firma», aseguró.
Respecto a su trámite, descartó que haya habido favorecimiento. López explicó que en 2021 obtuvieron su Igafom, que es el instrumento ambiental para la formalización minera. Luego estuvieron elaborando su expediente. Y cuando tuvieron todo listo lo presentaron ante el gobierno regional de Arequipa. Señaló además, que hicieron el mismo trámite, aunque para la concesión de beneficio en la región Ayacucho. Y que les tomó el mismo tiempo; es decir también lo obtuvieron en diciembre. «El 19 de diciembre recibí en Ayacucho y el 20 en Arequipa. Mi planta está entre Arequipa y Ayacucho», manifestó.
A López le explicamos la dudas que genera la aparición del recibo firmado supuestamente por Ivan Prado y que además está notariado. Señaló que está dispuesto a que las autoridades de justicia lo investiguen y probará que no hizo ningún pago al funcionario Ivan Prado. En ese caso, este medio está dispuesto a publicar en caso se compruebe que dicho documento no es verídico.
Pidió entrevista
De igual forma, Iván Prado Barreto respondió a Revelación.pe. No quiso hacerlo por teléfono y pidió una entrevista presencial antes de hacer la publicación. Cabe resaltar que también le explicamos sobre el interés público del recibo que tiene una supuesta firma suya. Y al igual que el gerente de minera Grupo Grande SA, aceptó que se hagan las investigaciones. Incluso dijo estar dispuesto al levantamiento de las comunicaciones y del secreto bancario.
Ya en su oficina, negó haber recibido 80 mil soles de la empresa minera Grupo Grande SA por asesorías para obtener la formalización, mientras que a la par fungía como gerente de Energía y Minas. Acusó ser víctima de una campaña de desprestigio de extrabajadores que integraban una cúpula de corrupción.
«Es completamente falso, (el recibo) tiene una firma que no es mía. No se aparece a mi firma registrada en mi DNI ni a los documentos oficiales que llevan mi rúbrica. Desde que despedimos a 10 trabajadores del GREM empezaron las amenazas, denuncias y acusaciones. Este recibo está hecho en computadora. Yo soy ingeniero electricista y no puedo firmar ningún expediente privado concerniente a formalización minera porque no es mi competencia”, declaró.
El funcionario de Rohel Sánchez también descartó una celeridad a conveniencia en el proceso de formalización de minera Grupo Grande SA. Dado que, los trámites para el inicio de operaciones comenzaron en el año 2019. Según explicó, el expediente con todos los requisitos exigidos por ley no tenían observaciones. Por ende, se resolvió dentro del plazo establecido.
“Este proceso de formalización empezó en el año 2019. El Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom) fue aprobado en el 2021 por la Autoridad Regional Ambiental. En septiembre del año 2024 (en realidad fue octubre) ingresan todos los requisitos (a la GREM), nosotros revisamos el expediente. Según la ley, tenemos 30 días para dar respuestas. En diciembre los especialistas viajan para hacer la supervisión y realizan un informe técnico. Con su aprobación, lo que me corresponde como gerente es emitir una resolución de inicio de operaciones”, dijo Prado.
Respecto a los otros procesos de formalización que no corrieron con la misma suerte, Prado señaló que entre septiembre y diciembre del 2024 ingresaron tres expedientes, pero no fueron resueltos por la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que incluyó modificaciones en la norma. La ampliación detalla que el proceso también pasa a manos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
«En diciembre ingresaron tres expedientes adicionales por mesa de partes. Quisimos resolverlos, pero el tiempo nos jugó en contra. No sabíamos que iba a existir una ampliación. Lamentablemente, ahora tenemos que formalizar en coordinación con el Ministerio (Minem). Ya no depende solo de nosotros», arguyó.
Debe investigarse
Al respecto, el especialista en derecho municipal, Jorge Sumari Buendía, está de acuerdo en señalar que aunque ambos involucrados nieguen la veracidad del recibo por S/ 80 mil, el tema sigue siendo de interés público. Advirtió que en principio el Consejo Regional debería crear una comisión investigadora. Sobre todo para comprobar si el documento es verídico y que el gerente de Energía y Minas explique cómo es que se tramitó tan rápido el expediente de formalización de minera Grupo Grande SA y otros siguen esperando por años.
Sumari añadió que la Contraloría y la Fiscalía también deberían investigar de oficio. Sobre todo para comprobar que se haya seguido el debido proceso en la formalización de minera Grupo Grande SA y que no se haya caído en actos de corrupción para tal caso.
Lo que no vieron los fiscalizadores
Además, hay ciertos puntos que los fiscalizadores del GREM no vieron al momento de la revisión del expediente y que fuentes de Revelación.pe señalan que habrían sido impedimento para la aprobación de la resolución de formalización de minera Grupo Grande SA.
En principio, presentó un contrato con la comunidad campesina Chaipi, quienes serían los dueños del terreno superficial. Sin embargo, partes del terreno no están inscritas a nombre de la comunidad, sino que corresponden a terrenos eriazos y otras áreas matriculadas a nombre del Estado. Al respecto, Jonathan López aseguró que toda la extensión de su concesión minera está dentro de los dominios de la comunidad de Chaipi y no era necesario solicitar la servidumbre al gobierno regional.
“Cuando hacen la evaluación en el área utilizan distintos mapas como el catastro minero. La ley faculta la posibilidad que a través de ciertos contratos puedan ser optados como documentos válidos para la formalización. Ese expediente puede tener 200 folios, en mi calidad de gerente no me corresponde revisar eso. La norma lo establece”, argumentó Prado.
También existieron fallas en evaluación del Igafom, puesto que la empresa consignó que no hace uso de agua para fines industriales, pero el expediente técnico detalla lo contrario. Por ejemplo, se hace mención a la utilización de equipos como compresoras, tanques de aire y otros aparatos que utilizan agua en grandes cantidades. Al respecto, Prado Barreto deslindó su responsabilidad al referir que este paso no depende de la Gerencia de Energía y Minas.
No depende del GREM, es competencia de la hoy Gerencia Regional Ambiental. Cualquier pregunta sobre eso la tienen que responder los funcionarios de esa área”, expresó.
Con este caso, se pune en duda la transparencia del proceso que se llevó para la formalización de minera Grupo Grande SA. Aunque ambos involucrados —el gerente de Grupo Grande SA y el gerente Ivan Prado— lo nieguen, este medio considera que es de interés público que se conozcan todos los hechos y que sean las autoridades de justicia las que determinen si ocurrieron o no actos de corrupción en el proceso de formalización.
