El presidente de la junta de propietarios del condominio Mikonos informó ante el Congreso sobre las irregularidades ocurridas durante el operativo del 16 de enero para ubicar al líder de Perú Libre.

Gabriel Herrera, representante del condominio Mikonos en Asia, Cañete, declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Esto sobre el operativo policial realizado el 16 de enero. La intervención buscaba capturar a Vladimir Cerrón, basándose en informes de Inteligencia que lo ubicaban en dicho lugar.

Herrera explicó que alrededor de las 21:40 horas, más de 80 efectivos policiales y del grupo SUAT ingresaron al condominio, cerrando calles y desplegando guardias en la playa Sarapampa. Según comentó, el general Arriola lideró el operativo y afirmó que Cerrón se encontraba en el sector D del condominio.

En el sector D, que cuenta con 66 casas, 63 propietarios permitieron el acceso voluntario de los policías. Sin embargo, dos viviendas, identificadas como D56 y D22, no autorizaron el ingreso sin una orden judicial. Herrera señaló que en la casa D56 vivían inquilinos extranjeros, aparentemente cubanos.

La casa D22, en cambio, despertó sospechas por su alto movimiento de personas. Según Herrera, la vivienda recibía inquilinos nuevos cada tres días y fue visitada por dos vehículos con placas del Estado que, tras ser verificadas, resultaron ser fraudulentas.

El operativo en Mikonos se extendió hasta el 18 de enero, pero la vigilancia continuó algunos días más. Sin embargo, el 23 de enero, tras el relevo del jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), se ordenó el retiro de todo el personal desplegado en el lugar.

Herrera destacó que al momento de la retirada aún permanecían ocho personas en el condominio, quienes se integraban fácilmente entre los residentes como si fueran veraneantes. A partir de esa fecha, no se registró más presencia de agentes de seguridad en el condominio.

El operativo, que no logró capturar a Cerrón, quedó bajo sospecha por posibles filtraciones de información. El testimonio de Herrera ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de la operación y las irregularidades detectadas en las viviendas inspeccionadas.

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