Grupos de campesinos cocaleros cortan carreteras mientras las autoridades judiciales emiten una alerta migratoria para evitar que el líder indígena abandone el país.
Los cocaleros leales a Evo Morales bloquean las principales vías de comunicación del Chapare, impidiendo la conexión con el resto de Bolivia. Los bloqueos se realizan en protesta contra el intento del Estado de detener al expresidente, acusado de estupro agravado con trata de personas. Morales, refugiado en Villa Tunari, enfrenta una alerta migratoria para evitar que abandone el país.
La policía reprimió con gases lacrimógenos a los manifestantes en Parotani, una localidad cercana a Cochabamba, pero no intervino en los bloqueos del área cocalera, donde el apoyo a Morales es masivo. Los dirigentes cocaleros afirman que buscan “resguardar la libertad” del expresidente y evitar su “secuestro” por parte de las autoridades.
Además de proteger a Morales, los bloqueos exigen que el gobierno de Luis Arce resuelva la crisis económica que atraviesa el país, especialmente la falta de dólares y combustibles. Arce convocó a Morales y a otros dirigentes a dialogar sobre estos temas, excluyendo el proceso judicial contra el exmandatario. Aunque Morales rechazó la invitación, Arce mostró disposición para seguir negociando.
La Fiscalía acusa a Morales de haber tenido una hija con una adolescente de 15 años, a cuyos padres habría favorecido políticamente. Mientras el padre de la menor permanece en prisión preventiva por no colaborar con la investigación, la madre continúa en paradero desconocido. Morales también se ha negado a comparecer ante la justicia, lo que ha intensificado las movilizaciones en el Chapare.
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Los abogados del expresidente denuncian que la Fiscalía ha fabricado el caso, argumentando que la víctima no ha testificado y que un fiscal ya había desestimado la acusación en 2019. Sin embargo, las autoridades se enfocan en un certificado de nacimiento en el que Morales figura como el padre de una menor de 16 años.
Morales ha rechazado las acusaciones y denunció en redes sociales que el gobierno de Arce intenta inhabilitarlo políticamente a través de un “proceso judicial violento”. Asegura que el objetivo es destruir el “Proceso de Cambio” iniciado durante su mandato y advierte que no se dejará intimidar por estas acciones.
Mientras tanto, Bolivia enfrenta una grave crisis económica. La reducción de las exportaciones de gas y la suspensión de ventas a Argentina han golpeado duramente las finanzas nacionales. Morales y Arce se acusan mutuamente de ser los responsables del deterioro económico, mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de 2025.
