La Procuraduría General de Estado la cesó de sus funciones a Rosa Vallejos Beltran el 15 de octubre. La exprocuradora sentenciada por corrupción ya no tiene ningún vínculo con el Gobierno Regional de Arequipa.

El vínculo entre el Gobierno Regional de Arequipa y la exprocuradora pública Rosa Leonor Vallejos Beltrán se rompió definitivamente luego de seis años. Sucede que la Procuraduría General de Estado (PGE), mediante resolución N° D000693-2024-JUS/PGE-PG, la cesó de sus funciones. La separación definitiva de su cargo obedece a una decisión del Consejo Directivo de la PGE, cuyos miembros le quitaron la confianza por los escándalos de corrupción que la llevaron a ser sentenciada. 

“El Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado, mediante Acta N° 58-2024-PGE de la Centésima Quinta Sesión Extraordinaria, acordó aprobar el cese de funciones de la abogada Rosa Leonor Vallejos Beltrán, como procuradora pública del Gobierno Regional de Arequipa, por la causal de término de la designación, debido a la pérdida de la confianza, prevista en el artículo 38, numeral 4 del Decreto Legislativo N° 1326”, se desprende de la resolución publicada en el Diario Oficial El Peruano, que lleva la rúbrica de la procuradora general María Aurora Caruajulca Quispe. 

En 2020 Rosa Vallejos fue detenida por el cobro de una coima para favorecer a una empresa.

Cargo de pantalla

Desde agosto del 2021, la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Arequipa quedó al mando de la adjunta Luz Amparo Begazo Burga de Dávila. ¿Qué pasó? Rosa Vallejos Beltrán fue investigada por el delito de cohecho pasivo al haber recibido dos mil soles de la empresa Giant SAC. Esta compañía recibió su apoyo para que el Estado le pague por una tasación a un predio en la variante de Uchumayo. 

Desde ese entonces, Vallejos tenía el cargo solo de pantalla, pues no se desempeñaba como procuradora al ser separada por los actos de corrupción que cometió, pero tampoco podía ser retirada. Y es que desde el 6 de marzo del 2022 se publicó la Ley Nº31433, quedando establecido que los alcaldes y gobernadores ya no pueden designar o cesar a los procuradores públicos de sus entidades. 

Resolución dónde se destituye definitivamente a Rosa Vallejos.

Esto, según el abogado constitucionalista Jorge Luis Mamani Huanca, significa que “las autoridades ediles y regionales perdieron la potestad de designar y/o cesar procuradores públicos. Ahora, por la autonomía, dependen del procurador nacional”. Si lo hacen, estarían incurriendo en un delito. Además, los procesos judiciales, administrativos y arbitrales en los que participen estos nuevos procuradores podrían ser invalidados.

La exprocuradora había iniciado en el cargo por decisión de Yamila Osorio Delgado y luego fue ratificada con Elmer Cáceres Llica. Sin embargo, su permanencia ya no era su competencia ni la de sus sucesores (Kimmerlee Gutiérrez y Rohel Sánchez). Por eso, Vallejos subsistía entre las filas del Gobierno Regional de Arequipa, ocupando otros cargos públicos.

Primero fue enviada al Archivo Regional de Arequipa. Luego ocupó una plaza en el área de Recursos Humanos y, finalmente, estuvo como encargada de la Gerencia de Desarrollo Social del GRA. Según detallan fuentes, la misma esposa del gobernador Luz Marina Zeballos la había convocado para apoyar en la recaudación de donaciones. Tal cual, el gato de despensero. Pero su suerte se terminó.

La gestión de Rohel Sánchez estuvo rotándola de puestos en estos dos años.

Manchada de corrupción

La hoy cesada Rosa Vallejos se va sin pena ni gloria y con procesos penales en su contra. La primera investigación que se le aperturó fue en mayo del 2021. La Fiscalía postuló el delito de cohecho pasivo en agravio del Estado. La tesis apuntaba que la exprocuradora había recibido dádivas, a través de su adjunto Renzo Pérez Torres, para favorecer a la empresa Giant SAC con el pago de 556 mil 772 mil soles por concepto de tasación de un predio.

La denuncia fue presentada por la representante de la compañía, Fernanda Molina Lazo. En su acusación indicó que Vallejos solicitó el pagó de 25 mil soles para agilizar el pago de 556 mil soles que el Estado debía destinar por una tasación. Como adelanto, la empresa le entregó 2 mil soles al abogado Renzo Pérez, intermediario de la exprocuradora. También se adjuntaron chats donde se coordinaba el pago de sobornos y audios. 

El Ministerio Público consiguió que el Poder Judicial, a través del juez Edy Leva Cascamayta, la sentenciara a 5 años de pena suspendida y el pago solidario de 30 mil soles por concepto de reparación civil. En primera instancia, se confirmaba que Rosa Vallejos había cometido el delito de cohecho.

El fallo de magistrado escaló a segunda instancia, donde la Tercera Sala Penal de Apelaciones, presidida por el juez Carlo Mango Cornejo, dictó la misma Pena. Cabe recalcar que, actualmente el caso se encuentra en la Corte Suprema tras un recurso de Casación presentado por la exprocuradora. 

En 2019 Vallejos y otro funcionarios fueron denunciados por otra irregularidad.

Más denuncias en su contra

No es el único caso de corrupción que atraviesa Rosa Vallejos ys su adjunto Renzo Pérez Torres. También se le investiga por apoderarse de sueldos “fantasma”. Se le atribuye el delito de peculado doloso. Según el fiscal anticorrupción Jaime Calisaya Gutiérrez, Vallejos Beltrán solicitó un abogado externo mediante el Memorándum N°00644-2019-GRA/PPR, emitido el 31 de mayo de 2019. En respuesta, la abogada Annie Llerena presentó su propuesta técnica. Tras aparentemente realizar el servicio y entregar su informe, recibió un primer pago de 3,500 soles en julio de ese mismo año.

No obstante, la investigación revela que tanto la propuesta técnica como el informe del servicio contenían firmas falsificadas, según los resultados de una pericia grafotécnica. En esta causa también figura como implicada Ivonne Andía, quien solicitó el pago de 9,000 soles por servicios supuestamente prestados a la Procuraduría del GRA entre octubre y diciembre de 2019. Al igual que en el caso anterior, las firmas de los documentos presentados también resultaron ser falsas. Es decir, ambos abogados nunca trabajaron. En total, se habría apoderado de 53 mil 500 soles.

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