El paro de transportistas en Lima se tornó violento tras enfrentamientos con la PNP en la avenida Abancay. Los agentes utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que bloqueaban las vías. Hasta el momento, 13 personas han sido detenidas por actos vandálicos, incluidos ataques a buses y agresiones a policías en el transcurso del paro. 

Este jueves 10 de octubre, las movilizaciones del paro nacional de transportistas en Lima desencadenaron violentos enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Los transportistas piden acción del gobierno frente a la ola de extorsiones de las que han sido víctimas, y, también, exigen al congreso la derogación de la Ley 32108 que favorece a las organizaciones criminales. Hasta el cierre de la presente edición se conocía de 10 detenidos en los enfrentamientos durante la tarde (en total 23 durante el día) y otros 10 heridos.

Represión en Av. Abancay

Los enfrentamientos más intensos ocurrieron en horas de la tarde. Los protestantes llegaron hasta las inmediaciones del Congreso de la República, donde bloquearon la vía en señal de protesta. Un numeroso contingente de agentes policiales desplegados en la avenida Abancay dispersó a los manifestantes con bombas lacrimógenas.

Asimismo, durante la mañana, se registraron varios incidentes de violencia en otras partes de la capital, con quema de llantas y bloqueo de vías en San Juan de Lurigancho, Ate y Carabayllo.

En paralelo, en Jicamarca, un grupo de manifestantes atacó a agentes de la policía durante su intervención en la zona. Según testigos, un ciudadano agredió a un coronel y a otro oficial, lo que desató un enfrentamiento físico entre la PNP y los protestantes. Como resultado, la policía detuvo a varios individuos , acusados de disturbios y resistencia a la autoridad.

Manifestantes exigieron la derogatoria de la Ley 32108. Foto: El Comercio.

Detenidos

El general PNP Felipe Monroy informó que la policía atendió un total de cinco incidentes graves en Lima, todos antes de los enfrentamientos en la Av. Abancay, que culminaron con la detención de 13 personas acusadas de participar en actos vandálicos, como la quema de llantas y el lanzamiento de piedras a los buses de transporte público.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades por mantener el orden, las manifestaciones continuaron durante gran parte de la tarde. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, insistió en la necesidad de implementar medidas más eficaces para enfrentar las extorsiones que afectan a los transportistas. Además, mencionó el uso de equipos especializados como el GEIM (Grupo Especial de Inteligencia Metropolitana) como una posible solución para desmantelar las redes criminales que operan en la capital.

El paro afectó gravemente la circulación de buses y el normal desarrollo de actividades en Lima, dejando varados a cientos de pasajeros en la Panamericana Norte y en diversos paraderos de la capital. A pesar de que el Gobierno aseguró la operatividad de más de 400 empresas de transporte, la presencia de unidades fue escasa. La ATU (Autoridad de Transporte Urbano) informó que los servicios del Metropolitano y los corredores complementarios continuaron funcionando con normalidad.

Al paro se sumaron los gremios de bodegueros, además de comerciantes de distintos mercados y del emporio comercial de Gamarra. En Chiclayo, Arequipa y Huancayo también hubo expresiones de apoyo a la movilización en contra de las extorsiones. En esta última se registraron bloqueos en la Carretera Central.

Av. Abancay lució prácticamente desierta de buses por movilización. Foto: La República.

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Gobierno dice que paro se politizó

En una entrevista con un medio de alcance nacional, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, intentó desacreditar el paro de transportistas en Lima afirmando que organizaciones vinculadas al Movadef estarían detrás de la convocatoria. Según Adrianzén, grupos como la Confederación Nacional Unitaria de Lucha (CNUL), vinculada al Movadef y Fenate, y el Frente de Defensa del Agua y de la Vida, estarían promoviendo el caos en las protestas. Además, acusó a otras agrupaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, IDL y el Partido Morado de estar politizando la movilización.

Adrianzén aseguró que estas organizaciones utilizan el paro para difundir agendas políticas, cuestionando la relación de estas agrupaciones con la legítima demanda gremial. En sus declaraciones, intentó vincular la movilización con intereses políticos más amplios. Esto a su juicio afecta la estabilidad del país, porque supuestamente se promueven temas como la vacancia presidencial o la derogatoria de la Ley de crimen organizado, lo que según él no tiene fundamento en las demandas del gremio transportista.

Por otro lado, el primer ministro defendió las acciones del Gobierno en los distritos de Lima bajo Estado de Emergencia, asegurando que las fuerzas del orden han resguardado completamente estas zonas. El premier dijo que durante el tiempo que lleva esta medida extraordinaria no hubo ningún transportista muerto a causa de las extorsiones.

Las pérdidas económicas dejadas por el paro se calculan en 230 millones de soles. Foto: El Comercio.

Incertidumbre

Este paro, cuya duración se esperaba de 72 horas, en la ciudad de Lima, tiene como objetivo principal que el Gobierno tome medidas concretas contra la delincuencia organizada y las extorsiones que afectan al gremio de transportistas y comerciantes.

Al cierre de la presente nota, algunos gremios de transportistas urbanos evaluaban la posibilidad de continuar con el paro si el Congreso no deroga la Ley 32108. Como se recuerda, esta norma le quita herramientas a las autoridades para combatir el crimen organizados. Por ejemplo, un fiscal no podrá bloquear cuentas de organizaciones políticas reconocidas ni fondos de pensiones o remuneraciones laborales durante una investigación preliminar. Además, para solicitar un allanamiento, deberá presentar pruebas suficientes y no necesariamente podrá hacerlo para detener a un investigado, siendo indispensable la presencia de un abogado defensor.

El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, confirmó que sus bases no acatarán una nueva medida de fuerza para esa fecha, aunque mantendrán su apoyo a la causa. Otros gremios, como la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), aún no han decidido si participarán o no.

Por otro lado, la Asociación de Bodegueros del Perú, a través de su presidente Andrés Choy, anunció que las tiendas y bodegas operarán con normalidad este viernes 11 de octubre, aunque colocarán pañuelos blancos y carteles como protesta pacífica contra la extorsión. Aclararon que su cierre el jueves fue por temor a los actos vandálicos que suelen ocurrir en las manifestaciones. Otros gremios siguen evaluando su participación en el eventual paro de este viernes.

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