Los trabajadores del Ministerio Público inician una huelga de 72 horas en protesta por recortes en el presupuesto y condiciones laborales precarias. La medida busca visibilizar la indignación del personal ante la falta de recursos y el déficit de personal.
La Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público convocó una huelga de 72 horas para exigir mejores condiciones laborales y denunciar la discriminación salarial que afecta a los empleados de la institución. Los recortes presupuestales y la falta de personal llevaron a la paralización.
David Hereña Espinoza, secretario general de la federación, explicó que tomaron esta medida debido a la constante disminución del presupuesto institucional, lo que ha afectado la oferta salarial y generado un déficit del 40% en la contratación de personal. Este déficit impide cubrir plazas vacantes y provoca que muchos profesionales migren a otras instituciones en busca de mejores salarios.
La situación empeoró desde antes de la pandemia, pero ahora es más evidente debido a la injerencia política que, según denuncian, busca debilitar al Ministerio Público. A pesar de las demandas laborales, el Estado no ha destinado un presupuesto adecuado para mejorar las condiciones, mientras promueven proyectos de ley para reorganizar la institución.
Los trabajadores enfrentan graves carencias logísticas: mobiliario insuficiente, falta de equipos de cómputo adecuados y la necesidad de compartir escritorios. Muchos empleados deben usar sus propios equipos para cumplir con sus funciones. Además, los vehículos utilizados para diligencias son antiguos, y el presupuesto destinado al combustible resulta insuficiente.
El personal de Medicina Legal ha sufrido las mayores afectaciones, especialmente durante la pandemia, cuando varios trabajadores perdieron la vida debido a la falta de equipos de protección personal. La situación sigue siendo crítica, y los empleados están expuestos a enfermedades como la tuberculosis, sin contar con los recursos necesarios para protegerse.
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Extenderían huelga
Si no logran llegar a un acuerdo con las autoridades, la huelga podría volverse indefinida. Una Asamblea Nacional de Trabajadores, que se realizará el 18 de octubre en Lima, evaluará los resultados de la movilización. Si no alcanzan soluciones satisfactorias, los trabajadores radicalizarán las medidas de protesta.
A pesar de la paralización, los servicios esenciales del Ministerio Público, como los turnos de fiscales penales y familiares, así como las necropsias e investigaciones en curso, continuarán funcionando. Sin embargo, muchos otros servicios quedarán restringidos, afectando a miles de personas.
Alrededor de 18.000 trabajadores participarán en las movilizaciones. Aunque algunos servicios esenciales, como el Servicio Médico Legal y los casos con reos en prisión, se mantendrán operativos, el resto de los servicios del Ministerio Público sufrirá restricciones, lo que afectará la atención a la ciudadanía. La huelga busca visibilizar la injusticia que sufren los trabajadores del Ministerio Público y exigir condiciones laborales dignas.
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