El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que busca sancionar con hasta quince años de cárcel a quienes obstaculicen vías o servicios públicos durante las protestas. Esto ha generado preocupación entre diversos sectores.

El Poder Ejecutivo ha presentado una medida dentro de un proyecto de ley que introduce el delito de terrorismo urbano. Esto ha generado controversia por su impacto en el derecho a la protesta. La propuesta plantea penas severas para quienes ejerzan acciones que obstruyan vías o afecten servicios públicos durante manifestaciones.

Criminalización de la protesta

El proyecto de ley específica que las personas que, mediante violencia o amenaza, tomen locales, obstaculicen vías de comunicación o impidan el libre tránsito de la ciudadanía, podrán ser sancionadas con penas de prisión de entre diez y quince años. Esta medida ha sido interpretada por algunos sectores como una limitación al derecho a la protesta pacífica.

La propuesta del Ejecutivo fue aprobada por el Consejo de Ministros y busca modificar el Código Penal vigente. Específicamente incluye nuevos artículos que sancionen de manera más drástica las acciones que se consideren como terrorismo urbano. El objetivo sería combatir prácticas que impactan negativamente en la seguridad ciudadana y el orden público.

Esta modificación plantea reformar los artículos 108-C, 108-D y 200, e incluir el artículo 315-O al Código Penal. Esto con el fin de tipificar como terrorismo ciertos actos de protesta que afecten el funcionamiento de los servicios públicos. El Gobierno sostiene que esta medida busca prevenir situaciones de descontrol y violencia que podrían poner en riesgo a la ciudadanía.

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Justifican ley

El Congreso de la República, al recibir el proyecto de ley, lo justificó como una herramienta para fortalecer la lucha contra la inseguridad ciudadana. E hicieron alusión a las recientes manifestaciones que paralizaron varias ciudades del país. Las autoridades consideran que algunas protestas se convirtieron en formas de extorsión y coacción contra el Estado.

Sin embargo, diversos grupos sociales y de derechos humanos han expresado su preocupación. Señalan que esta medida podría criminalizar el derecho legítimo a la protesta, fundamental en una democracia. Temen que las autoridades utilicen esta ley para restringir las manifestaciones y silenciar la oposición.

El debate sobre el proyecto de ley se intensificará en el Congreso, donde se analizará si esta modificación es una medida efectiva para combatir la inseguridad. O si, por el contrario, representa un atentado contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las próximas semanas serán cruciales para definir el destino de esta controvertida propuesta.

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