La minera solicita la anulación parcial del fallo del CIADI que favoreció al Estado peruano en una disputa por regalías impagas entre 2006 y 2013.
Cerro Verde, operada por Freeport McMoRan, solicitó la anulación parcial de un laudo arbitral emitido en mayo de 2024 que favoreció al Estado peruano. La controversia se originó debido a la falta de pago de regalías entre 2006 y 2013, alegando que su planta concentradora de sulfuros no estaba sujeta a estas obligaciones bajo un acuerdo de estabilidad tributaria firmado en 1998. Sin embargo, los tribunales internacionales no encontraron pruebas que eximieran a la empresa de estos pagos.
El conflicto se intensificó en 2018 cuando la Sunat exigió el pago de S/1.100 millones en regalías a Cerro Verde, lo que llevó a la minera a apelar en diversas instancias legales en Perú. Finalmente, el caso fue presentado ante el CIADI, donde la compañía también buscó que Perú cubriera los costos del arbitraje y los honorarios legales, lo que fue rechazado. El CIADI falló a favor del Estado peruano, confirmando que el contrato de estabilidad tributaria no aplicaba a la planta concentradora. Cerro Verde había cumplido con el pago de los tributos antes de conocerse el fallo del CIADI.
El Grupo de Justicia Fiscal ha señalado que muchas grandes empresas en Perú, como Cerro Verde, recurren a tácticas legales para retrasar sus obligaciones tributarias. Esta estrategia no es exclusiva de la minera y se repite entre otras corporaciones que buscan evadir o posponer el pago de impuestos mediante prolongados litigios tanto en Perú como en tribunales internacionales.
Este grupo ha propuesto medidas para agilizar los procesos tributarios en el país, sugiriendo que se fortalezcan las capacidades de la Sunat y el Tribunal Fiscal. Asimismo, busca definir claramente las responsabilidades de los representantes legales de las empresas, con el fin de reducir la duración de los litigios y evitar que afecten a la administración tributaria y los contribuyentes.
Cerro Verde y la contaminación ambiental
Hasta la fecha, Cerro Verde ha cometido 33 infracciones ambientales, según OEFA. Tiene sanciones por no prevenir la filtración de relaves al subsuelo en la poza de relaves ubicada en la zona de La Enlozada. La empresa también recibió multas y sanciones en varias ocasiones por no prevenir el levantamiento de polvo causado por la producción. Esas partícula pueden llegar hasta los más de 150 mil pobladores que viven cerca a la mina en los distritos de Socabaya, Uchumayo, Tiabaya, Hunter y Yarabamba.