Andrés Hurtado es investigado por los delitos de tráfico de influencias, cohecho activo específico y lavado de activos.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos formalizó una investigación contra Andrés Hurtado, Elizabeth Peralta y Augusto Miu Lei. En este contexto, el Ministerio Público solicitó la medida de prisión preventiva por 18 meses para los mencionados, quienes enfrentan graves acusaciones relacionadas con lavado de activos.
El pasado 16 de septiembre, la Fiscalía inició diligencias preliminares contra Andrés Hurtado, conocido presentador de televisión, por su presunta participación en delitos de lavado de activos. La investigación se enfoca en actividades comerciales y financieras sospechosas realizadas entre enero de 2019 y agosto de 2024.
Como parte de estas pesquisas, las autoridades recopilaron información financiera, bancaria y tributaria de los investigados, además de tomar declaraciones de varios testigos clave. Entre ellos se encuentran Javier Miu Lei, Ana Suicho y Roberto Suicho, quienes podrían aportar información relevante para el caso.
El Ministerio Público centra sus esfuerzos en analizar detalladamente las transacciones y el comportamiento financiero de Hurtado. Esta información es crucial para determinar si existieron movimientos ilegales en el manejo de activos que confirmen las sospechas de lavado de dinero.
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Adicionalmente, Andrés Hurtado ya enfrenta otra investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho activo específico. Estos cargos, sumados a la reciente acusación de lavado de activos, han complicado aún más su situación legal.
Ante la gravedad de las acusaciones, la semana pasada las autoridades dictaron una orden de impedimento de salida del país para Hurtado, medida que también aplicaron a los demás involucrados, como la fiscal Elizabeth Peralta y Augusto Miu Lei. Estas restricciones buscan garantizar que los implicados permanezcan a disposición de la justicia.
El futuro de los investigados ahora depende de las decisiones del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria Nacional, que evaluará las pruebas presentadas para determinar si la prisión preventiva es justificada.
