El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la solicitud de Dina Boluarte para cerrar la pesquisa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscalía tiene ocho meses para continuar con las indagaciones.
El Poder Judicial decidió que la presidenta Dina Boluarte continuará siendo investigada por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar información en documentos. El juez Juan Carlos Checkley Soria rechazó la solicitud de la defensa de la mandataria, al argumentar que no se vulneró el debido proceso.
La fiscalía declaró el caso como «complejo», lo que permite ampliar el plazo de investigación a ocho meses. Según el fiscal supremo adjunto Luis Germaná, esta extensión es necesaria para realizar pericias y revisar documentación compleja sobre los ingresos de la mandataria.
La investigación preliminar incluye denuncias sobre un presunto incremento de 432 mil 932 soles en las cuentas de Boluarte, además de depósitos de origen desconocido. También se le acusa de no haber consignado en su declaración jurada la obtención de relojes de alta gama.
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El plazo de investigación, que comenzó en mayo de 2024, se extenderá hasta enero de 2025. La fiscalía afirmó que este tiempo es necesario para analizar documentación, realizar pericias técnicas y recabar declaraciones.
Boluarte enfrenta, además, una denuncia constitucional por cohecho pasivo impropio en el Congreso, relacionada con la recepción de relojes y joyas de alto valor. Estos hechos forman parte de una investigación paralela.
A pesar de los argumentos de su defensa sobre la vulneración del plazo razonable, el Poder Judicial determinó que la extensión de la investigación respeta los principios de legalidad. La presidenta sigue bajo escrutinio mientras su gestión enfrenta crecientes cuestionamientos.