La venta de empresas estatales en Perú dejó sectores estratégicos descapitalizados y provocó la pérdida de soberanía económica. Las decisiones, motivadas por intereses políticos, no lograrán beneficios sostenibles para el país, afectando sectores clave como la energía, minería y transporte.
Las privatizaciones en Perú durante la década de los noventa se han convertido en un ejemplo de cómo el país perdió el control sobre sectores estratégicos. Las decisiones tomadas en ese momento no correspondieron a una estrategia coherente, sino a la necesidad urgente de hacer caja. Se vendieron empresas a precios irrisorios, dejando al país sin activos clave y sometiéndose a un proceso de descapitalización.
Sectores como la electricidad, donde se vendió el 68% de las empresas, la minería (90%) y los hidrocarburos (68%), se enajenaron por apenas 9.221 millones de dólares. De ese monto, solo ingresaron al Estado poco más de 6.000 millones. El resto se diluyó en varios gastos, impuestos, pagos a una burocracia inflada y saldos de empresas que no cumplían con sus obligaciones.
El destino del dinero obtenido de las privatizaciones fue otro de los grandes problemas. Del total gastado, un 45% se destinó a la compra de armamento y al pago de deuda externa, a pesar de que la ley estipulaba que esos fondos debían dirigirse al desarrollo social y la pacificación interna. Así, el dinero que debía ayudar a cerrar brechas sociales terminó financiando gastos prohibidos por ley.
Las filiales de Petroperú
Uno de los casos más emblemáticos fue la venta de la refinería La Pampilla, el mercado más importante de combustibles del país. A pesar de generar utilidades de 85 millones de dólares anuales, se vendió por apenas 180 millones. Otro ejemplo es el de los lotes petroleros con reservas aseguradas, que también fueron enajenados por precios que no correspondían a su valor real.
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La naviera Transoceánica, filial de Petroperú, se valoró en 21 millones de dólares, muy por debajo de su valor real. Tenían buques en buen estado que sumaban un valor de 85 millones de dólares. Con su venta, Perú perdió su capacidad de transporte nacional de combustible, dejando otro vacío estratégico en su economía.
Solgas, otra filial de Petroperú, se vendió por apenas 7 millones de dólares en 1992, cuando solo su edificio estaba valorado en 5 millones y generaba utilidades de 2 millones anuales. Cuatro años después, Repsol compró la empresa en 50 millones de dólares, evidenciando el mal negocio que el país había realizado en su privatización.
Aeronáutica y minería
Aeroperú, la línea de bandera nacional, fue vendida al grupo Aeroméxico, que la liquidó poco tiempo después. Las rutas aéreas, valoradas en 120 millones de dólares, se vendieron por apenas 19 millones. Este tipo de decisiones dejó a Perú sin un televisor nacional y, al mismo tiempo, facilitó la entrada de intereses extranjeros en un sector clave para la conectividad del país.
La minería fue otro sector golpeado por la privatización. Empresas como Centromin, principal minera del centro del Perú, se vendieron por precios de risa. Cerro de Pasco, por ejemplo, se vendió en 61 millones de dólares, a pesar de generar utilidades de 20 millones anuales. A esto se suma que las empresas compradoras no cumplieron con sus compromisos de inversión ni con los estándares ambientales.
El caso de Minero Perú es igualmente alarmante. El yacimiento de cobre de Quellaveco se vendió por 12 millones de dólares con el compromiso de invertir 2.800 millones más, pero hasta la fecha solo se han invertido 70 millones. En contraste, la misma empresa pagó 180 millones por un yacimiento en Chile que era la tercera parte de tamaño.
El marco tributario concedido a las empresas mineras bajo el gobierno de Fujimori continúa siendo una fuente de conflictos sociales en el país. No se determinan límites claros a la contaminación y las empresas no han cumplido con sus compromisos de inversión, mientras siguen generando utilidades millonarias.
Las privatizaciones en Perú no solo implicaron la pérdida de activos, sino también de soberanía económica. Sectores estratégicos quedaron en manos extranjeras y, en muchos casos, el país no obtuvo los beneficios esperados. La política de privatización, más que una estrategia económica, se convirtió en una herramienta de clientelismo que dejó profundas cicatrices en la economía peruana.