Pedro Castillo había solicitado respaldo económico del Estado para los servicios de asesoría y defensa legal para una de sus investigaciones. Los abogados del exmandatario Wilfredo Robles y Walter Ayala cuestionaron la decisión.
El Despacho Presidencial ha declarado improcedente la solicitud de Pedro Castillo para que el Estado cubra los gastos de su defensa legal. Castillo enfrenta una investigación fiscal por presunto delito de negociación incompatible. La resolución firmada por Antonio Mirril Ramos Bernaola, subsecretario general del Despacho Presidencial, argumenta que los hechos investigados no están relacionados con el ejercicio regular de sus funciones como presidente.
Pedro Castillo, actualmente detenido en el penal de Barbadillo en Ate, solicitó el 19 de agosto el apoyo económico del Estado. Su solicitud se basa en la investigación fiscal N°99-2022, que lo acusa de coordinaciones ilegales para la contratación de locadores en el Despacho Presidencial y en Agro Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Sin embargo, el gobierno rechazó esta petición, alegando que las acciones investigadas no corresponden a funciones presidenciales.
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La resolución señala claramente que la solicitud de Castillo es improcedente porque los actos bajo investigación no corresponden a las atribuciones regulares de un presidente. Castillo fue notificado de esta decisión un día después de emitirse el fallo, que fue firmado por Antonio Mirril Ramos Bernaola. Los abogados de Castillo, Walter Ayala y Wilfredo Robles, mostraron su disconformidad con la medida y anunciaron que están considerando apelar.
Ayala calificó la decisión como un «acto de mala fe» y acusó al gobierno de ensañamiento contra Castillo. Robles cuestionó la coherencia de la medida, destacando que a otros exmandatarios se les ha concedido financiamiento para sus defensas legales. Palacio de Gobierno, por su parte, reafirmó que la decisión es inapelable y defendió la legalidad de su actuación en el caso.
Este caso se suma a las múltiples investigaciones que enfrenta Castillo, incluyendo acusaciones por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y por presuntamente liderar una organización criminal. La negativa del Estado a financiar su defensa es otro capítulo en su complicada situación legal. Sus abogados continúan evaluando los siguientes pasos para su defensa.
