Los detenidos por robo a mano armada a policías fueron liberados tras la falta de celeridad en el proceso de la fiscal provincial provisional de La Esperanza, Ana María Altamirano Malabrigo de Trujillo. La fiscal asistió a una fiesta de su suegro.

El Ministerio Público ha decidido destituir a Ana María Altamirano Malabrigo de su cargo como fiscal adjunta provincial provisional de La Esperanza, Trujillo. La decisión sigue a un caso ampliamente cuestionado. En este la fiscal fue criticada por su manejo inadecuado de un proceso de flagrancia que resultó en la liberación de varios detenido. Estos estaban implicados en un robo a mano armada. La controversia cobró fuerza después de la difusión del incidente en el programa dominical «Punto Final».

Fiscal no atendió el caso

El 14 de junio de este año, un vehículo policial en Trujillo fue asaltado a mano armada por delincuentes que despojaron a dos oficiales de sus armas y del auto policial. Los sospechosos fueron capturados en flagrancia y llevados a la comisaría. Sin embargo, el proceso judicial que debía seguir a su arresto fue marcado por retrasos y falta de celeridad. Finalmente resultaron en la liberación de los detenidos, incluyendo un menor de edad.

La gestión de la fiscal Ana María Altamirano Malabrigo fue criticada desde el principio por su falta de atención al caso. Según testimonios, la fiscal respondió de manera evasiva a las llamadas urgentes de sus colegas, priorizando compromisos personales sobre sus deberes profesionales. En una de las comunicaciones, Altamirano Malabrigo manifestó que debía asistir a una cena de cumpleaños y una celebración por el Día del Padre de su suegro. Esto influyó en su disponibilidad para el caso.

Las excusas de la fiscal, incluyendo problemas de salud relacionados con el estrés y la falta de sueño, no fueron suficientes para justificar la falta de acción en un caso de tanta gravedad. Los comentarios en los que mencionaba que el caso no era una prioridad inmediata para ella, causaron alarma entre sus colegas y superiores. Estos señalaron la importancia de mantener un nivel alto de responsabilidad y dedicación en situaciones críticas.

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Varios fiscales separados

El escándalo ganó mayor visibilidad cuando el programa «Punto Final» abordó el caso el 25 de agosto, exponiendo las irregularidades y el impacto de la liberación de los detenidos. La presión pública y mediática llevó a una rápida respuesta del Ministerio Público, que emitió un comunicado en el que se anunciaba la destitución de Altamirano Malabrigo. También pasó lo mismo con César Christian Cruzado Chiroque, otro fiscal adjunto que también fue criticado por liberar a 14 detenidos sin el debido análisis.

El comunicado del Ministerio Público especificó que la decisión se tomó debido a la actuación «indebida» de los fiscales involucrados. Además de Altamirano Malabrigo y Cruzado Chiroque, Miguel Ángel Beleván Vásquez también fue puesto a disposición de la Autoridad Nacional de Control de la Fiscalía por su desempeño en el caso. Esta medida resalta la importancia de una actuación judicial diligente y ética.

El caso ha generado un intenso debate sobre los desafíos que enfrenta el sistema de justicia en Perú. Especialmente en situaciones que requieren decisiones rápidas y basadas en la ley. La destitución de Altamirano Malabrigo subraya las expectativas de responsabilidad y competencia que se demandan a los funcionarios del sistema judicial. Lo que resalta la necesidad de mantener altos estándares en la administración de justicia.

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