La Corte Suprema de Perú confirmó la sentencia de 12 años de prisión para Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988.
La Corte Suprema de Justicia de Perú ha ratificado la condena de 12 años de prisión contra Daniel Urresti, exministro del Interior, por su implicación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en noviembre de 1988 en Huanta, Ayacucho. Este caso es uno de los más destacados en la historia reciente del país, debido a su impacto en el ámbito de los derechos humanos y la libertad de prensa.
Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, fue asesinado mientras investigaba abusos cometidos durante el conflicto armado interno. El 24 de noviembre de 1988, Bustíos lo atacaron con explosivos cuando se encontraba documentando un caso de violencia en la comunidad de Erapata. Las investigaciones señalaron que Daniel Urresti, entonces oficial de inteligencia del Ejército, participó en la operación militar que resultó en la muerte del periodista.
La defensa de Urresti argumentó durante el juicio que no había pruebas suficientes para vincularlo al asesinato y que no estuvo presente en la escena del crimen. Sin embargo, la Corte Suprema consideró que los testimonios, especialmente el de Eduardo Rojas, junto con documentos oficiales, eran concluyentes para ratificar la condena. Rojas declaró que Urresti había tenido un rol directo en la planificación y ejecución del ataque..
Además, la defensa sostuvo que el proceso judicial estaba motivado políticamente. Alegaron que las acusaciones contra Urresti eran parte de una persecución en su contra debido a su carrera política. La Corte Suprema desestimó estos argumentos. La principal conclusión es que la sentencia se basaba en pruebas sólidas y que el caso se evaluó conforme a los procedimientos legales establecidos.
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Urresti, quien ha mantenido su inocencia desde el inicio del proceso, ha manifestado su desacuerdo con el fallo, calificándolo de injusto. A pesar de sus declaraciones, la sentencia es definitiva y establece que Urresti deberá cumplir con la pena de 12 años de prisión.
La ratificación de esta condena cierra un capítulo importante en la historia de la justicia peruana relacionada con los crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Un periodo marcado por graves violaciones a los derechos humanos.
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