La Contraloría General de la República identificó hecho atípico y evidenció que los controles de ingreso y salida de vehículos son deficientes.
Vilma Saira Quispe utilizaba la cochera de la sede de la Sociedad de Beneficencia de Arequipa como si fuera su propiedad privada. Durante una inspección realizada en julio por la Contraloría General de la República, se identificó una camioneta blanca con placa VBD-123, que ingresaba sin autorización y permanecía en la cochera de la sede principal de la avenida Goyeneche. Vilma Saira Quispe, quien no tiene ningún vínculo laboral con la entidad, usaba el espacio regularmente como si fuera su casa desde el 3 al 30 de julio cuando finalizó la inspección de la Contraloría.
Augusto Arce Paredes, gerente de la Beneficencia, confirmó a la Contraloría que no otorgó permiso para que Vilma Saira Quispe estacionara su vehículo en la cochera. A través de memorandos, la Gerencia de Administración Financiera y la Oficina de Gestión del Talento Humano también corroboraron la falta de autorización. Este caso evidencia una preocupante laxitud en los controles internos de acceso vehicular, lo que permitió el uso indebido de las instalaciones.
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El informe de la Contraloría también destaca la falta de registro adecuado de los vehículos de la entidad como un problema crítico. Los vehículos asignados a la Gerencia de Administración y Finanzas no utilizan formatos estandarizados para su control. La falta de documentación adecuada limita la verificación por parte de los diferentes niveles de supervisión, aumentando el riesgo de un posible perjuicio económico.
Además, las deficiencias en el cuaderno de ocurrencias del servicio de vigilancia agravan la situación. El cuaderno solo registra el ingreso de vehículos, omitiendo la salida, y carece de foliación adecuada. Estas fallas en el registro crean riesgos para la seguridad interna y dificultan el control efectivo de los bienes de la entidad
El uso de la cochera por parte de Vilma Saira Quispe contraviene las normativas que regulan el uso de bienes del Estado, destinadas exclusivamente a propósitos institucionales. La normativa vigente prohíbe el uso particular de bienes públicos.
El informe de Contraloría recomienda medidas correctivas inmediatas para evitar futuros incidentes similares. Se recomienda la creación de directivas claras que regulen el ingreso y permanencia de vehículos en las instalaciones. También se sugiere la instalación de un sistema de monitoreo que garantice el cumplimiento de las normativas y permita sancionar cualquier infracción.
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