Un informe de la Contraloría revela contrataciones irregulares con familiares de funcionarios, generando un perjuicio económico de S/ 16,600.00 en Cerro Colorado.
La Contraloría General de la República del Perú publicó un informe que expone casos de nepotismo en las contrataciones de proveedoras realizadas por la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, durante el año 2023. El documento detalla cómo Mikisel Sara Mogrovejo Román y Kelty Stevka Pérez Manrique, hijas de funcionarios municipales en ese entonces, obtuvieron Órdenes de Servicio a pesar de estar impedidas de contratar con el Estado. Estos contratos generaron un perjuicio económico para el municipio de 16 mil 600 soles, contraviniendo la Ley de Contrataciones del Estado.
Nepotismo en la municipalidad
Durante el periodo auditado, la municipalidad, a través de sus gerencias de Administración y Finanzas, aprobó los contratos sin verificar la existencia de impedimentos legales. Mikisel Sara Mogrovejo Román y Kelty Stevka Pérez Manrique son hijas de Óscar Rubén Mogrovejo Portugal y Ramiro René Pérez Ninasivincha, respectivamente. Mogrovejo Portugal se desempeñaba como subgerente de Registro Tributario y Orientación al Contribuyente, mientras que Pérez Ninasivincha era subgerente de Gestión de Residuos Sólidos. La relación familiar violó el Decreto Supremo n.° 021-2000-PCM, que prohíbe la contratación de personas con vínculos directos de consanguinidad en segundo grado y cuarto grado de afinidad.
Mogrovejo Román se desempeñó como evaluadora de expedientes de licencias de funcionamiento y asistente administrativo. Todo ello entre marzo y noviembre de 2023. Se le pagó un total de 10 mil 300 soles. Por su parte, Pérez Manrique se desempeñó como empadronadora y digitadora entre setiembre y noviembre del mismo año y cobró 6 mil 300 soles.
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Responsables
El informe revela que los gerentes de Administración y Finanzas, Luis Alberto Salazar Quispe y René Mario Ramos Gonzales, no cumplieron con recabar las declaraciones juradas necesarias para verificar la ausencia de conflictos de interés. Esto representa una falta de diligencia y supervisión que permitió que las contrataciones se llevaran a cabo sin las evaluaciones legales requeridas. Las normas del Reglamento de la Ley n.° 26771 fueron ignoradas, lo que expone una debilidad en los procedimientos de control interno de la municipalidad.
La Contraloría ha recomendado la nulidad de estas contrataciones y ha instado a la municipalidad a implementar medidas correctivas para evitar futuras irregularidades. Asimismo, se sugiere investigar y sancionar administrativamente a los responsables.